¿Puede Doña Lupe hacer un mejor presupuesto de egresos que Hacienda?

 El presupuesto de un país siempre se ha vendido como un artefacto incomprensible, reservado únicamente para economistas de cubículo y políticos de discurso mareador. Sin embargo, la complejidad es solo una fachada. Los gobiernos necesitan que creamos que es un asunto inaccesible para que no metamos las manos ni cuestionemos las cifras, aunque la realidad es que cualquier madre de familia que administra un hogar en México podría marcar las directrices del Presupuesto de Egresos de la Federación con bastante más sensatez que los legisladores.



El lenguaje técnico, los cientos de rubros, las partidas presupuestales y la interminable lista de dependencias pidiendo recursos terminan por avasallar al ciudadano común, provocando que pierda el interés. Pero el fondo del asunto no difiere en nada de las finanzas de una casa.

Por un lado está la Ley de Ingresos: saber con cuánto dinero se va a contar en el año, provenga de donde provenga (impuestos, derechos, aprovechamientos o ventas del Estado). No hay misterio; es exactamente lo mismo que sentarse en la mesa a calcular cuánto va a entrar al gasto familiar en los próximos doce meses. Por el otro lado está el Presupuesto de Egresos: decidir en qué se va a repartir esa bolsa. El gobierno lo disgrega en miles de renglones, pero los grandes rubros son los mismos de cualquier hogar: salud, educación, agua, energía, seguridad, infraestructura —que no es otra cosa que arreglar y mejorar la casa— y programas sociales, que equivalen a la dominga de los muchachos.

Y, por supuesto, no hay que olvidar la deuda. Al igual que una familia que paga la tarjeta de crédito, la letra del auto a cinco años o la hipoteca a veinte, el Estado vive atado a sus acreedores. A los gobiernos también les cobran intereses severos. La diferencia es que cuando un ciudadano se agobia por las deudas, el banco le recuerda secamente que nadie lo obligó a firmar, lo manda al buró de crédito y le cierra el grifo financiero. En cambio, cuando a los gobiernos les llega la factura de sus excesos y las mensualidades se vuelven insostenibles, les resulta muy cómodo rasgarse las vestiduras, denunciar "intervencionismo" y acusar al FMI, al BID o a las potencias extranjeras de querer controlar la economía nacional, cuando en realidad solo están actuando como cualquier acreedor que quiere recuperar su capital.

Lo más trágico de la analogía es el destino del gasto. Así como a veces en la familia se compromete el presupuesto en cosas prescindibles o se dilapida el dinero en una parranda de fin de semana, el poder hace exactamente lo mismo. Nos quedamos pagando durante décadas la deuda de un trenecito carísimo que no necesitábamos pero que daba ilusión; pagamos las penalizaciones del aeropuerto que se canceló en un capricho de borrachera de poder; y financiamos ese juego de química gigante llamado refinería que no refina y se incendia a cada rato.

Al final de la jornada, los ciudadanos terminamos jugando el papel de la esposa engañada a la que el marido no le quiere confesar cuánto gana, en qué se lo gastó y, mucho menos, cuánto le costó la motocicleta nueva que adquirió para calmar su crisis de edad.

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